ESTA NOCHE
• Se puede ver desde las 22 en vivo, por Canal 10 y por streaming en www.lagaceta.com
Inversores que despotrican contra empresarios que no les entregan departamentos por los que pagaron. Constructores que afirman que obraron de buena fe y culpan al municipio. Funcionarios municipales que aseveran que los culpables son los dueños de las inmobiliarias.
Uno de los informes que emitirá esta noche Panorama Tucumano indagará sobre las dificultades que atraviesan muchos ciudadanos para acceder al departamento propio. Es que habitar una unidad dentro de un edificio que no dispone de los papeles en regla es problemático. Comprar un departamento mediante la inversión en pozo a empresarios con poca “espalda” conlleva múltiples problemas. Desde las 22, por Canal 10 y www.lagaceta.com, el ciclo televisivo de LA GACETA pondrá al aire las historias de esas personas que viven en edificios sin terminar.
El Código de Planeamiento Urbano de la capital establece que un edificio no puede estar habitado si no dispone del Certificado Final de Obra (CFO). Este es un permiso que otorga Catastro municipal una vez que inspecciona y comprueba que la edificación que acaba de ser construida está en condiciones de ser ocupada. La ordenanza también fija que sin ese apto, las empresas prestatarias de servicios como luz, agua, teléfono o gas no pueden instalar allí los servicios que brindan. A pesar de lo que establece esa normativa, en San Miguel de Tucumán existen al menos 30 edificios habitados que no cuentan con el CFO, según informó a este diario Catastro municipal.
La realidad de los vecinos que viven en esas edificaciones es variada. Por un lado están quienes habitan hace muchos años construcciones sin el CFO, pero que disponen de los servicios instalados como si lo tuvieran, incumpliendo el Código de Planeamiento Urbano. Otras personas viven en edificios con instalaciones que no están del todo terminadas. Por ejemplo, las cocheras no están listas, no cuentan con montacargas, mangueras hidrantes o matafuegos. Además, disponen de servicios precarios, como gas a través de garrafas que están instaladas en los espacios centrales de los pisos, con un peligro latente.
Hay algo que perjudica a todos los que habitan edificios sin CFO: no pueden ser propietarios frente a la ley y sólo adquieren títulos precarios. Es que, si el edificio no cuenta con el permiso de Catastro municipal, las departamentos no pueden escriturarse.
La multa por cada departamento habitado fuera de condiciones está fijada en 50.000 Urbanos o $ 71.500 (cada Urbano está fijado en $ 1,43).
La ordenanza prevé que el valor del urbano se duplique por cada unidad ocupada con posterioridad a la primera multa. En cuanto a los servicios, la sanción a cada empresa por conexiones sin el “final de obra” asciende a los $ 35.750 (25.000 Urbanos).
Por otro lado, el programa conducido por los periodistas Federico van Mameren y Carolina Servetto también indagará sobre las historias de quienes compraron departamentos mediante la inversión en pozo y aún no pudieron acceder a sus unidades. Todo esto a pesar de que ya se hubieran vencido los plazos de entrega.
Por un lado, hay personas que pagaron entre el 80% y el 100% de sus departamentos en pozo y los edificios siguen siendo construidos.
En otras oportunidades, aún habiendo pagado los vecinos la totalidad de sus departamentos, los planos de las construcciones no cuentan con la aprobación municipal, por lo que las obras no pueden comenzar, a pesar de que ya deberían haber estado terminadas.
Los señalados
En Panorama Tucumano también se podrá escuchar el testimonio de los denunciados por los vecinos. Darán sus versiones los empresarios Miguel de la Cruz Grandi y Otto Barenbreuker.
Además el ciclo televisivo de LA GACETA TV emitirá una entrevista con el secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, José Luis Avignone, para hablar sobre la responsabilidad del municipio en estos casos.
Los usuarios manifestaron diversas quejas sobre el servicio y el precio del boleto
Quienes recorren San Miguel de Tucumán en ómnibus se quejaron de una tarifa que consideran demasiado elevada y de un servicio que calificaron de “deficiente”. Los empresarios sostuvieron que su situación financiera es crítica y manifestaron que sus ingresos no les permiten mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, desde el Concejo Deliberante afirmaron que los transportistas ya están ganando suficiente. Además, la Municipalidad aseguró que se encarga de verificar que los vehículos cumplan con la normativa vigente.